En estos momentos el proyecto anda pendiente de un acuerdo privado entre los propietarios de los terrenos y los promotores, un acuerdo en el que el Gobierno de Aragón no debe intervenir. El Ejecutivo ha aprobado la ley que hace posible que un complejo de estas características pueda ser una realidad y no debe intervenir más allá, al menos hasta que sea registrado y solicite su declaración de centro de ocio de alta capacidad.